Gobernadora Kathy Hochul cuestiona manejo del caso Cornell

La investigación sobre una presunta violación grupal denunciada por una estudiante de la Universidad de Cornell en 2024 ha adquirido una nueva dimensión tras la decisión de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de designar a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para revisar el caso.

La decisión se produce después de que nuevos documentos revelaran que información relevante proporcionada por la denunciante durante una entrevista con la policía de Cornell no habría sido incluida en el informe remitido a la Fiscalía del condado de Tompkins. Entre los elementos presuntamente omitidos figura la afirmación de la joven de que había sido violada.

Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes junto a James, Hochul cuestionó públicamente la actuación de la policía de la universidad y del fiscal del condado. La gobernadora planteó por qué una denuncia de esa naturaleza no fue trasladada de manera completa a la Fiscalía para su correspondiente evaluación.

Según Hochul, la estudiante permaneció durante horas con los investigadores y describió lo ocurrido, asegurando que estaba completamente convencida de haber sido víctima de una violación. Sin embargo, de acuerdo con los documentos y reportes difundidos por distintos medios, esa parte fundamental de su declaración no apareció en el material entregado posteriormente a los fiscales.

La gobernadora sostuvo que la información conocida recientemente plantea interrogantes sobre la manera en que se manejó la denuncia desde sus primeras etapas. A su juicio, resulta necesario realizar una revisión independiente y exhaustiva de los hechos, razón por la cual decidió encomendar la investigación a la oficina de la fiscal general.

James asume una investigación criminal activa

Con su designación, Letitia James tendrá autoridad para continuar examinando las circunstancias del caso, determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos y, de ser necesario, llevar evidencia ante un gran jurado.

James advirtió que el proceso requerirá tiempo y confirmó que su oficina asumirá la investigación como un asunto criminal activo.

La intervención de la fiscal general ocurre después de que Hochul apartara del caso al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten. La gobernadora tomó esa decisión tras conocer nueva información que, según su oficina, generó serias dudas sobre la investigación inicial y sobre la decisión de no presentar cargos.

Van Houten informó posteriormente que no había recibido la transcripción completa de la entrevista realizada a la denunciante. El fiscal indicó que, de confirmarse que elementos relevantes fueron excluidos del expediente inicial, esas circunstancias deberían ser examinadas de manera integral por una autoridad externa a la universidad.

Los nuevos documentos comenzaron a generar cuestionamientos después de que se conocieran partes de las entrevistas realizadas por la policía de Cornell en noviembre de 2024. En ellas, la entonces estudiante de 20 años describió haber sido agredida físicamente y violada.

La joven explicó que no recordaba algunos momentos de aquella noche debido al consumo de alcohol y drogas. También relató que había rechazado verbalmente avances de varios hombres, que experimentó situaciones que describió como coercitivas y que, debido a su estado de intoxicación, no se encontraba en condiciones de tomar decisiones con normalidad.

Una investigación que vuelve al centro de la atención pública

El caso había permanecido durante aproximadamente dos años sin que se presentaran cargos penales. La reciente aparición de la transcripción de la entrevista ha reabierto el debate sobre las decisiones adoptadas por los investigadores y las autoridades fiscales.

De acuerdo con la información divulgada, el material inicialmente remitido a la Fiscalía presentaba una versión incompleta del relato de la joven. Esa documentación habría llevado a los fiscales a considerar que no existían elementos suficientes para continuar con el proceso penal.

La investigación universitaria siguió un curso diferente. Cornell llevó a cabo un procedimiento interno que se extendió durante varios meses y que terminó con la expulsión de dos estudiantes, sanciones para otros y el cierre de la fraternidad Chi Phi en el campus.

La denunciante sostiene que la universidad no respondió adecuadamente a lo ocurrido. En una demanda civil presentada el pasado 16 de septiembre contra Cornell y siete estudiantes, afirma que las circunstancias terminaron obligándola a abandonar la institución y sus estudios. También reclama que la universidad no aceptó devolverle el dinero correspondiente a la matrícula.